El mecanismo era sencillo: el mismo día de la constitución de Promicsa también se constituyó la sociedad Fomento de Inversiones y Participaciones Mediterráneas (Fipamesa), una sociedad de cartera constituida con los mismos socios y en proporciones de capital similares, que tomó el control de Promicsa al hacerse con el 78,96% de las acciones. Sánchez-Friera y su esposa, según se explica en el escrito de acusación, tenían el 27% de las acciones de Fipamesa.
En diciembre del año 1998, descubrieron que el editor controlaba el 99,4% del capital social de Promicsa “sin que hubieran tenido conocimiento de las operaciones que dieron lugar a dicha situación, a pesar de que existía un pacto de sindicación sobre las acciones conforme a los estatutos sociales”. Durante todo el año siguiente, los socios exigieron información sobre la situación, pero no recibieron respuesta alguna. Debido a ello, interpusieron una demanda por la vía civil en el año 2000.
El 21 de noviembre del 2001, finalmente, el juzgado ordenó la entrada y registro de las oficinas del editor, por lo que sus socios descubrieron incluso “la existencia de una contabilidad B, no reflejada en la documentación oficial de la empresa”. Tras analizar los papeles hallados, en julio del 2003, realizaron una ampliación de la querella. “A través del examen de dicha documentación y la práctica de las correspondientes pruebas periciales sobre la misma que se han aportado a la presente causa, se ha acreditado que el acusado, Luis Sánchez-Friera, aprovechando su condición de presidente del consejo de administración de ambas sociedades y la posición de consejero delegado, ha realizado, de una forma continuada en el tiempo desde el año 1990 y hasta el momento de la presentación de la querella, multiplicidad de operaciones mercantiles y un sinfín de actuaciones de apropiación y distracción de capital de Promicsa que han ocasionado un grave perjuicio económico a la sociedad y a los accionistas”, dice el escrito de acusación.
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FUENTE: El Confidencial
