La interpretación que el Partido Popular hace de la Ley General Audiovisual no puede ser más inquietante para los internautas. Según se desprende de la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso por los populares, webs, redes sociales, blogs y hasta periódicos on-line están sometidos al régimen sancionador de la norma y pueden ser cerrados por decisión administrativa si, por ejemplo, incumplen el deber de comunicación previa de sus actividades. “Todos los que establezcan una comunicación audiovisual son susceptibles de ser sancionados, incluidos internautas o redes sociales”, ha explicado Miguel Ángel Cortés, diputado del PP.El Partido Popular interpreta que todos esos actores en la Red, en el momento en que incluyen vídeos, son prestadores del servicio de comunicación audiovisual, figura que el artículo 2 de la ley define como “la persona física o jurídica que tiene el control efectivo, esto es, la dirección editorial, sobre la selección de los programas y contenidos y su organización en un canal o un catálogo de programas”. Una idea reforzada por el hecho de que exista una modalidad de “servicio de comunicación audiovisual televisiva a petición”, incluida en el artículo 2.2, aplicable según el Partido Popular, a cualquier web que ofrezca un catálogo de vídeos bajo demanda. “Hasta a YouTube, que ofrece vídeos a petición, le afectaría”, ha explicado Cortés.
FUENTE: PERIODISTA DIGITAL
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